sábado, julio 20, 2019
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El año pasado, como parte de las facultades legislativas delegadas por el
Congreso de la República al Poder Ejecutivo, se publicaron 17 decretos
legislativos para contribuir al proceso de modernización del sistema
tributario, y que permitirían obtener una recaudación adicional cercana a
los 9,800 millones de soles al 2020.
Estas normas se agrupan en tres ejes: adaptación de la legislación
peruana a las mejores prácticas internacionales y otras medidas para
reducir la evasión y la elusión; transformación digital para reducir los
costos de cumplimiento y mejorar el control y fiscalización de la Sunat;
y facilitación del clima de inversión otorgando mayor predictibilidad al
sistema.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva,
detalló –en ese momento– que la aplicación de los decretos legislativos
tendrá un impacto positivo sobre la inversión y, entre otros aspectos,
modernizarán la legislación adaptándola a los estándares
internacionales; además de contribuir a la ejecución de las políticas
públicas, preservando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, y
mejorando la eficiencia del Estado.
Si bien es cierto que la norma XVI del Código Tributario o cláusula
antielusiva fue incorporada por el Decreto Legislativo 1121 en el 2012
con el objetivo de que la Sunat pueda desconocer negocios forzados
realizados por las empresas para evitar el pago de impuestos, esa
regulación se encuentra en suspenso desde el 2014 por disposición de la
Ley 30230. La medida debe ser confirmada por el Congreso, al ejercer
su facultad de control parlamentario de los decretos legislativos.
En las dos últimas semanas el tema de la elusión tributaria se puso en
discusión en el país. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del
Solar, dijo que la ley destinada a prevenir la elusión tributaria será una
realidad porque es necesario cobrar impuestos para que el Estado pueda
brindar los servicios a toda la población.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la elusión y la evasión tributaria? La
elusión es el acto por el cual un contribuyente realiza operaciones para
reducir el pago de impuestos, basándose en determinadas
ambigüedades presentes en las leyes tributarias, sin incurrir en delito.
Mientras que la evasión es la acción dolosa, mediante la cual, valiéndose

de artificios, astucia o engaño, se deja de pagar todo o parte de los
tributos que establecen las leyes, en provecho propio o de un tercero.
Al brindar cifras preliminares, el ministro Oliva dijo que la elusión
tributaria en el Perú fluctuaría entre 2,500 millones y 5,000 millones de
soles, lo cual variaría entre el 0.35% y el 0.60% del producto bruto
interno (PBI). De aprobarse la norma antielusiva, este monto se sumaría
a la recaudación tributaria para que el Estado pueda asegurar los
servicios básicos que la población requiere.
La norma prevé que los directores o gerentes que hayan participado en
el diseño, aprobación o ejecución del planeamiento fiscal de una
empresa que ha incurrido en prácticas evasivas o elusivas, se les
imputará la figura de responsabilidad solidaria, la cual permite a la
Sunat disponer de su patrimonio como una forma de compensación al
Estado.
Por lo tanto, la lucha contra la elusión tributaria posibilitará generar un
mejor escenario económico para el país, pues se sumaría alrededor de
medio punto del PBI y al mismo tiempo se dispondrá de recursos para
que el Estado pueda brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras
públicas y apoyo a los más necesitados.

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