martes, septiembre 17, 2019
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En la gestión del exalcalde Sadón Gómez Torres habrían direccionado obra.

– Investigación está contenida en el Informe de Auditoría N° 007-2018, del 31 de octubre del 2018.

San Ignacio (Por: Húver De Lima).- La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de San Ignacio, recomendó iniciar denuncia penal y administrativa contra exservidores y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de San Ignacio (MPSI), por el presunto direccionamiento de una obra ejecutada en el 2015, en la gestión del exalcalde Sadón Gómez Torres.

Se trata de la Licitación Pública N° 009-2015-MEPSIFCE-I, ejecución de la obra “Instalación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrinización en los lugares conocidos como Unión Baja, Machetillo, Los Ángeles, Tabloncillo y Las Cocas, pertenecientes al distrito de La Coipa, por 5 683 466.09 soles.

Esta investigación está contenida en el Informe de Auditoría N° 007-2018, del 31 de octubre del 2018, publicada oficialmente el 28 de agosto del 2019.

Se involucra a trabajadores estables de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y otros, que dado al vínculo laboral o cargo de confianza ya no laboran, tales como: Segundo Lizardo Roncal Romero (gerente municipal), Edilberto Rolando Herrera Muñoz (gerente de Infraestructura), Fidel Adolfo Coronel Gonzales (gerente de Asesoría Jurídica), Moisés Otoniel Idrogo Guevara (miembro del comité de licitación)

De la revisión y análisis de la información proporcionada, se presume que los hechos se produjeron por el accionar del gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Este funcionario habría elaborado los requerimientos técnicos mínimos, requisitos específicos carentes de racionabilidad para los entendidos en la materia, los mismos que fueron coincidentes con la propuesta técnica y económica presentada por el Consorcio PSS Ingenieros, los mismos que fueron mantenidos por el comité ad hoc, designado para el proceso de selección al momento de integrar las bases.

Se ha generado con ello un perjuicio funcional a la entidad, toda vez que al haberse contravenido los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad y transparencia, se afectó la correcta realización del proceso de contratación pública Es más, en esta licitación pública se otorgó la buena pro y se suscribió el contrato con el Consorcio PSS Ingenieros, inobservándose la normativa vigente.

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