APORTE JURÍDICO

M.Cs. Johny Marino Diaz Sosa

RESPETO Y TRANSPARENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON CAPACIDAD DE DECISIÓN

Mg C. JOHNY MARINO DIAZ SOSA

 

Según la ley 28014, que regula la gestión de intereses en la administración pública, los funcionarios con capacidad de decisión (Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros, Congresistas, Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Presidentes Regionales, Alcaldes, Regidores, etc ), tienen el deber de registrar las reuniones que puedan sostener con otros funcionarios públicos o privados, por ello, están prohibidos de atender actos de gestión de intereses, fuera del despacho funcionarial de la institución pública que representa.

Claro está, si un funcionario público se reúne en un contexto privado o íntimo, con personas ajenas a cualquier asunto de estado, no habría inconveniente alguno y no tendría porque reportarlo, sin embargo, si el mismo funcionario sostiene reuniones con quiénes están tramitando contrataciones o licitaciones sobre la ejecución de obras públicas, tiene el deber de poner en conocimiento de la opinión pública, informando cuales fueron los motivos o razones de dicha reunion.
Según la citada norma, reglamentada mediante Decreto Supremo Nro. 120-2019-PCM, debe procederse a la especificación general y categorizada sobre la razón por la que una persona natural o jurídica, del sector público o privado, visita o se reúne con un funcionario o servidor público determinado.

Ahora bien, pueden tratarse de reuniones de trabajo, provisión de servicios o gestión de intereses, que deben efectuarse al interior de la sede institucional, dado que sí se hace en otros escenarios y no son registrados, se transgrede no solamente las citadas normas, sino además, la ley de transparencia y acceso a la información pública, limitándose de este modo el derecho al acceso a la información, previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política.

Si la función pública se desarrolla transgrediendose normas legales vigentes, cuyo cumplimiento es obligatorio, será pasible de las sanciones administrativas que correspondan imponerse, además de la comisión de la figura delictiva de Omisión, Retardo o Rehusamiento de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal, sancionado con pena privativa de la libertad.

Debe precisarse que si la vulneración de las normas proviene de un funcionario de alto nivel, podría cometerse una infracción constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 99 de la Carta Magna, que establece que la acusación ante el Congreso de la República, le corresponde a la Comisión Permanente, tratándose del Presidente de la República, miembros del Congreso, Ministros del Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Jueces Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y Contralor General, cuando se realizan actos contra el decoro, la dignidad y el respeto funcionarial.

Queda claro entonces que toda autoridad, funcionario y servidor público, debe registrar y publicar el detalle de las reuniones y gestiones que sostengan en el ejercicio de su función, manteniendo en todo momento la integridad, la credibilidad y el respeto a la institucionalidad, sujeto a las responsabilidades funcionales provenientes de los órganos sancionadores competentes.

Ante la coyuntura política actual, la Contraloría General viene alertando oportunamente y recomendado al Poder Ejecutivo y a otras entidades públicas, la adopción de medidas correctivas en relación al incumplimiento del registro de visitas que vienen generando suspicacias y entre otros aspectos, podrían significar alguna gestión de intereses o concertaciones ilícitas clandestinas prohibidas que hacen suponer que no se quiere dejar huella ni rastro de encuentros que deberían hacerse públicos y no tienen porque realizarse entre gallos y media noche.

El ejercicio de la función pública, debe garantizar el respeto y la transparencia en todo acto que se realiza, siendo imprescindible instaurar una cultura de la rendición de cuentas de parte de los funcionarios y gobernantes, a fin de mostrar a los ciudadanos los avances de los proyectos, las dificultades de la ejecución y los resultados de su gestión, generando confianza de parte de quienes los eligieron o demostrando que merecen ocupar el cargo público que ostenta.

Esperamos que los funcionarios públicos se encuentren a la altura de lo que el país demanda, de lo contrario la percepción de inseguridad jurídica e ingobernabilidad, seguirán acrecentandose cada vez más, con las consecuencias que ya se conocen como antecedentes.

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