APORTE JURÍDICO

M.Cs. Johny Marino Diaz Sosa

SEXISMO, MACHISMO Y ACOSO POLÍTICO

Mg C. JOHNY MARINO DIAZ SOSA

Siguen predominando los roles sociales diferenciados que se asignan a hombres y mujeres, reflejados en jerarquías de género intrínsecas a estereotipos en las diversas profesiones, durante cuyo ejercicio, se otorgan menor valor a la mujer que no es percibida en igualdad de condiciones con el varón, y, por el contrario, siguen siendo objeto de actos de marginación en escenarios patriarcales de sumisión y dominación inherente a nuestra sociedad que no ha podido superarse en años.

Debe entenderse por sexismo a las actitudes, comportamientos o conductas arraigadas en la sociedad a través del tiempo, que se caracteriza por la discriminación entre los géneros humanos, basados en su sexo y que promueven la subordinación del género femenino.

La idea de sexismo fue propiciada desde el feminismo internacional en la década del ’60. Se refiere a la ecuación simbólica y política que pretende ordenar el mundo de acuerdo con la superioridad del varón en relación con la mujer. Es complementario del androcentrismo que generaliza “lo humano” como masculino, expulsando a las mujeres del mundo real y del universo.

El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciadas por el entorno social que asignan a la mujer una actitud de sumisión e inferioridad respecto al hombre en diferentes ámbitos (por ejemplo, en la política, la economía o la familia), manifestándose de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, desvalor, control, etc.

El uso de frases misóginas en el ámbito laboral y político se ha convertido en prácticas comunes de una sociedad sexista y machista. Las víctimas alzan la voz y piden sanciones ejemplares, invocando una ley sobre la materia que debe aplicarse a fin de no generarse impunidad.

 Las cosas nunca fueron fáciles cuando una mujer ejerció un cargo público o privado, en donde debe afrontar ambientes caldeados por el machismo, expuesta a chismes maledicentes o difamatorios, bromas de contenido sexual y comentarios subidos de tono, por parte de compañeros de trabajo y de sus propios jefes superiores, llegándose al extremo de insinuarse que ocupan cargos por haber mantenido relaciones sentimentales con sus jefes, desmereciendo sus logros profesionales que no cuentan para nada.

El ámbito político no es la excepción, muchas mujeres candidatas y designadas a ocupar cargos políticos han expresado haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político, haciendo ver que no están preparadas y que deberían estar en su casa, cocinando y criando a sus hijos, en lugar de dedicarse a la política, minimizando sus cualidades para desempeñarse en dicho entorno.

Diana Miloslavich es coordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Durante años ha visto cómo las mujeres que comenzaban a incursionar en la política eran discriminadas por sus pares hombres. Recuerda que las primeras regidoras que entraban a los municipios les decían: “que hacen acá, vayan a la cocina”. Agrega que cuando Beatriz Merino fue premier en el Consejo de Ministros tenía que bajar al primer piso para ir al baño porque en el segundo piso de Palacio no había baño de mujeres. Lo mismo ocurría con una regidora en el Distrito de Surco, hace algunos años: ella no podía ir al baño de mujeres del consejo porque el alcalde no le quería dar la llave. 

Durante la última campaña electoral de nuestro país, el sexismo se ha visto repotenciado, en respuesta a los avances en los derechos de las mujeres y la población LGTBI. De este modo, un grupos religiosos ultraconservadores, con tendencia a partidos políticos de la derecha, estuvieron predicando que es deber de las mujeres someterse a sus maridos, alimentando de este modo los discursos de incitación a la violencia contra la mujer en un país con altos índices de feminicidios. 

Se considera acoso político, a cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

El día 07 de Abril del 2021, se publicó en el diario Oficial El Peruano la Ley 31155 – ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, la misma que tiene por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres, por su condición de tales, en la vida política, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones.  En esta norma se define el acoso contra las mujeres en la vida política, como cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, precisándose como manifestaciones de acoso político contra las mujeres las siguientes conductas: a) Evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley; b) Restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad, según la normativa vigente; c) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad; d) Excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable; e) Divulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos; f) Dar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público.

A través de la citada norma, se modifica el artículo 9 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para incorporándose el literal i) en el artículo 9 en los siguientes términos: “Artículo 9. Estatuto del partido: El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo menos: […] i) El establecimiento de medidas internas para erradicar todo tipo de acoso contra las mujeres en la vida política entre sus afiliados, candidatas, sean militantes o invitadas en sus listas, regulando el procedimiento y las sanciones aplicables”. 

Así mismo, se incorpora el artículo 394 a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones con el siguiente texto: “Artículo 394. Sufre pena de multa, cuyo importe no es menor de una UIT ni mayor de cincuenta UIT, el ciudadano o persona jurídica que, en forma directa o a través de terceros, perturba, hostiliza, impide, limita, anula u obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de actividades de carácter político del afiliado o directivo de una organización política, o como integrante de organizaciones sociales con fines políticos o de representación; así como, en su condición de autoridad elegida mediante elección popular o en cargos de designación política en los tres niveles de gobierno. El Jurado Nacional de Elecciones reglamenta el presente artículo y tendrá en cuenta las circunstancias en las cuales se desarrolla la actividad sancionada para establecer la escala de multas, de conformidad con los principios de legalidad y proporcionalidad”.

    A la fecha el JNE no reglamenta la citada norma, sin embargo, debe señalarse que dicho organismo solo tiene competencias en un escenario de elecciones, es decir, sólo podrá imponer sanciones cuando se cometan actos de acoso político contra candidatas a ocupar cargos de ese tipo, pero ¿Qué pasa después?, ¿Qué pasa si el acosador es un congresista, un ministro o el Presidente del Consejo de Ministros?, consideramos que, en dicho supuesto, la víctima no podría hacer nada en su defensa.

     Frente a ello surge la necesidad de que el acoso político sea incorporado como delito en el Código Penal para sancionarse el hostigamiento de este tipo, debiendo trabajarse desde la prevención del delito para frenar tales conductas, de lo contrario, sin sanciones penales o severas contra los acosadores políticos y con un Jurado Nacional de Elecciones que solo puede imponer multas en contextos electorales, no hay mucho que se pueda hacer por ahora, contra quienes menoscaben, intimiden, discriminen u obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, desde que son candidatas y en pleno ejercicio de sus funciones en los cargos que lleguen a ostentar. Solo así, se evitará que siga primando la falsa percepción de que la política es un espacio masculino en el que las mujeres están fuera de lugar.

      

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