“CONTRATOS SÍ CONTEMPLAN SUSPENSIÓN DE PAGO DE PEAJE”

“CONTRATOS SÍ CONTEMPLAN SUSPENSIÓN DE PAGO DE PEAJE”

El especialista Víctor Hugo Quijada dice que convenios de peajes, que han suscitado desencuentros entre el Poder Ejecutivo y Legislativo,  contemplan cláusula en caso el país esté en una situación de emergencia como ocurre hoy con la pandemia del Covid-19. A su entender, la demanda presentada ante el Tribunal  Constitucional debería ser declarada infundada.

existe una cláusula que permite suspender dichos cobros en casos de emergencia”

Abogado,  docente universitario y arbitro del  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Víctor Hugo Quijada sostiene que el Congreso de la República no ha vulnerado el contrato de concesión sobre el pago de peajes, porque en este tipo de compromisos existe una cláusula que permite suspender dichos cobros en casos de emergencia  o fuerza mayor, como ocurre hoy con la crisis generada por el Covid-19.

En declaraciones guik.pe el también analista político y especialista en gestión y contratación pública,  explicó que la aprobación por insistencia en el Parlamento nacional de la Ley N° 31018, se basa en el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, y el Ministerio de Salud, y que ha sido prorrogado hasta septiembre.

Refirió que detrás de la medida sancionada por el Legislativo hay muchos intereses económicos, al evaluar que solo en Lima se recaudan 500 millones de soles anuales y que en todo el Perú la cifra puede llegar a cinco mil millones por el mismo concepto.

“Si se revisa el portal de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC-, al menos en los casos que están colocados ahí, por ejemplo, el contrato de la carretera Central o el de Pativilca, aparece una cláusula de suspensión por casos fortuitos o de fuerza mayor (de dichos pagos). Entonces el estado de emergencia es una realidad es una realidad declarada por el Gobierno y el Ministerio de Salud y esta ha sido prorrogada hasta septiembre”, comentó.

Desde su punto de vista aclaró que muchos de sus colegas se equivocan al pensar que un contrato de concesión es igual a uno privado, y no tienen nada que ver, al cuestionar que el Congreso  no haya fundamentado bien la citada norma, “porque pudo haber elaborado un mejor soporte legal porque la disposición solo consta de un artículo”, precisó.

detrás de la medida sancionada hay muchos intereses económicos”

En este sentido, el jurista ratificó que no existe ilegalidad por parte del Legislativo porque la situación extraordinaria que enfrenta el país es real y, por el contrario, “los concesionarios tenían la obligación de disponer la suspensión de este contrato público que es muy diferente a otro privado, situación que debió ser vista por el MTC o el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Al consultare sobre la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la demanda de inconstitucionalidad de la ley N° 31018, presentada por el Ejecutivo, dijo que está dentro de sus facultades.

El Código Procesal Constitucional atribuye a dicho organismo ver este tipo de demandas  como pueden ser de acción popular o de amparo y de hábeas corpus, entre otros.

En este caso, al ser una acción de inconstitucionalidad la presentada por el régimen ante el TC corresponde a este organismo darle trámite para luego correr traslado a la Procuraduría del Congreso que absolverá dicha demanda.

“Tanto el Ejecutivo y el Legislativo tienen la facultad de dar estos actos de normativos y con más razón este último poder del Estado, porque es su naturaleza. 

La demanda planteada por el Ejecutivo debería ser declarada infunda”

Explicó que dentro del trámite regular corresponde que haya una audiencia, y ya se fijó quién será el ponente del TC que tendrá a cargo la exposición ante el pleno del órgano constitucional,  para que luego la demanda sea sometida a votación y declarar si se declara fundada o no tal petición.

“En mi opinión creo que la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo debería ser declarada infunda”, sentenció.

Acerca de si las embajadas de Francia, Australia Francia y Colombia estuvieron en lo correcto de enviar su preocupación al Parlamento por el no pago de los peajes, y no tramitarla por medio de la Cancillería peruana, Víctor Hugo Quijada señaló que como son contratos de inversión los países y las empresas de sus nacionalidades simplemente pueden quejarse.

Aclaró, sin embargo, que cuando se hace ese tipo de trámite las quejas y observaciones deben ser tramitadas ante los consulados o embajadas, para que luego se disponga su traslado a la Procuraduría al  ministerio de Justicia y al Legislativo.

En otro momento de su diálogo con este diario digital, refirió que es muy probable que el caso sea llevado a los tribunales internacionales, pero que el Estado peruano tiene que realizar una defensa válida y no dejarla en manos de abogados contratados ligados al tema del caso Odebrecht y a la corrupción, porque pareciera que habría ‘gato encerrado´, “porque sí hay elementos válidos para alegar la justificación de la ley aprobada por el Congreso”, puntualizó.

Entonces -dijo- yo creo que se está siendo muy formalista, porque se está enfocando el tema desde el punto de vista del derecho civil, cuando ese contrato público busca resguardar los intereses nacionales, porque lo que se dictaminado está dentro del estado de derecho, dentro de la situación de emergencia.

En este sentido ratificó su idea de que el Parlamento debió mejorar la sustentación de la ley, es decir, trabajar mucho  mejor la exposición de motivos.

Sostuvo que el Perú no se verá afectado en el plano internacional, porque el contrato con las empresas de peajes no ha sido resuelto, estos (los contratos) han sido suspendido momentáneamente por el estado de emergencia y, por el contrario, estamos haciendo respetar un derecho que está contemplado en el mismo contrato ya que no lo ha hecho ni la empresa ni el Ejecutivo.

“Pienso que en este sentido el tema debe ser mejor explicado para que la población lo entienda porque creo que detrás hay grandes intereses económicos, pero no veo  ninguna justificación legal ni ética, ni razonable para que no disponga la suspensión de los peajes ”, refirió.

el tema debe ser mejor explicado para que la población lo entienda”

Finalmente, Quijada dijo ser muy crítico contra muchos de sus colegas que ven el contrato sobre peajes como un contrato civil de arrendamiento o patrimonial, cuando en un contrato de este tipo debe respetarse la posición del Estado.

Muchos árbitros están a favor de los contratistas sin considerar que un contrato público, de esta naturaleza, no es igual a un contrato privado, puntualizó  Quijada, docente también del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres.

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