DAN LUZ VERDE A ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA VIZCARRA
Se trata de una denuncia por violación a la Constitución cuando se desempeñaba como Ministro de Transporte y Comunicaciones.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó este martes declarar procedente una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020).
La acusación, que se le formuló en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones (2016-2017), fue presentada por la excongresista Yeny Vilcatoma de La Cruz.
En su informe técnico de calificación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó declarar procedente dicha querella por infracción a la Constitución en su artículo 126, el mismo que precisa lo siguiente;
“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
De acuerdo con la denuncia, se atribuye a Vizcarra Cornejo haber mantenido supuestamente vínculo societario con su empresa C y M Vizcarra S.A.C., en su condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio, mientras era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
También se le señala haber favorecido los intereses de la empresa Obrainsa. La moción aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contó con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención.
A inicios de noviembre pasado, Vizcarra fue separado de la Presidencia tras la aprobación por el Congreso de una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, aprobada con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones.
También a ex ministro de Educación
Por otro lado, también se aprobó declarar procedente la denuncia constitucional contra el exministro de Educación Daniel Alfaro por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales.
La denuncia fue presentada por los integrantes del Congreso disuelto Edmundo del Águila, Paloma Noceda y Armando Villanueva por la presunta infracción de los artículos 16 y 128 de la Constitución Política.
