DEFENSOR DEL PUEBLO: “SE DEBE RESARCIR DERECHOS DE GENERALES PNP PASADOS AL RETIRO

 

 

Para la Defensoría del Pueblo el Ejecutivo debe “resarcir los derechos” de los generales PNP pasados al retiro, por cuanto no ha actuado conforme a Ley ni al mandato constitucional, tal y como pretendió escudarse el actual mandatario Francisco Sagasti.

GOBIERNO NO ACTUÓ DE ACUERDO A LEY  Y TAMPOCO SE RESPETÓ LA MERITOCRACIA 

En un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrezadvirtió que el Gobierno realizó “una interpretación incorrecta” de la Ley de la Policía Nacional y dijo que en los cambios de los altos mandos de la institución no se tomó en cuenta la meritocracia ni hubo motivaciones que fundamenten la necesidad de producir los ceses en la PNP.

La defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el Gobierno de Francisco Sagasti afectó la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú al pasar al retiro a 18 oficiales generales para nombrar como comandante general de la policía a César Cervantes Cárdenas.

“Consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Ello, a nuestro juicio, afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales”, señaló en un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia.

De acuerdo con Gutiérrez Camacho, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de realizar una renovación de cuadros políticos, ya sea de manera regular o excepcional, solo será válidamente ejercida si se realiza “respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, al trabajo”.

“De esta forma, se impone un límite expreso a la facultad discrecional del presidente de la República en esta materia”, se lee en la misiva con fecha de ayer 7 de diciembre.

No se consideró la meritocracia

A ojos de la Defensoría del Pueblo, las resoluciones que han producido los recientes cambios en los altos mandos y oficiales de la Policía Nacional “no se advierte motivación alguna que fundamente la necesidad de producir los ceses, ni las razones de la elección del hoy comandante general”.

“La decisión del presidente de la República no ha tomado en consideración la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional)”, enfatizó.

Según Walter Gutiérrez, la decisión del Ejecutivo de Francisco Sagasti no tomó en consideración el principio de previsión de consecuencias, establecido por el Tribunal Constitucional, el cual, apuntó, exige que las autoridades tomen en cuenta las repercusiones de sus medidas y las implicancias que ellas puedan generar a futuro.

“En la decisión de nombrar al nuevo comandante general no se ponderó de forma adecuada el peligroso antecedente que establecería para casos futuros, dado que la interpretación utilizada podría ser invocada por otros gobiernos con el fin de soslayar el principio meritocrático en el cual se basa el escalafón policial”, dijo.

El defensor del Pueblo consideró de suma importancia la adopción de medidas que, además de recuperar la plena institucionalidad policial, garanticen a futuro el pleno respeto del principio democrático en la selección de sus más altos mandos. “Corresponde resarcir los derechos fundamentales de quienes se vieron afectados por la incorrecta interpretación del Decreto Legislativo Nº 1267”,

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