Pandemia del COVID-19: Una mirada de la crisis a la reactivación de la economía departamental

Oscar Manuel Mendoza

Economista y gerente de la sucursal de Recursos SAC

mmendoza@recursossa.com

 

Tal vez los lectores se han hecho la pregunta: ¿por qué la crisis de la pandemia del COVID-19 no impacta tanto? Tomando en consideración esta inquietud, en este artículo, proporciono una explicación sencilla que genere las bases para iniciar la discusión sobre la ruta más adecuada para la reactivación de la economía departamental.

 

La estructura básica de cualquier economía abarca la relación entre empresas y hogares, que constituyen lo que se denomina sector privado. Cuando el gobierno decreta una cuarentena o aislamiento obligatorio, impide que las familias salgan de sus casas se empleen y como consecuencia consuman. Al mismo tiempo, las empresas no pueden producir bienes ni ejecutar sus planes de inversión porque no hay quién compre. Como consecuencia, se tiene un doble choque: por el lado de la demanda y por el lado de la oferta.

 

Como intermediario se encuentra el sector financiero: capta ahorro de las familias y los asigna como créditos a las empresas. Debido a la paralización obligatoria, las familias requieren de sus ahorros para hacer frente a la falta de empleo y las empresas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras por no tener ingresos. A esto se le conoce como rompimiento de la cadena de pagos y es cuando el choque de oferta y demanda se convierte en un choque financiero.

 

También está el sector externo, que por razones similares se cierra al comercio internacional para impedir un mayor contagio, condición desfavorable para una economía como la nuestra con alta interrelación con el exterior, lo que termina reforzando el choque de demanda. El sector público departamental, por su parte es pequeño en comparación con los otros componentes de la demanda agregada, con la característica desfavorable de una alta ineficiencia para ejecutar sus presupuestos.

 

La población económicamente activa del departamento se estimó para el 2019 en 707 mil personas y tiene características vulnerables: 87% posee nivel educativo equivalente a secundaria o menos, 67% es menor a 44 años, 53% mujeres, 57% es agricultor independiente que vive en zona rural y no tienen ingresos permanentes, 2/3 de este grupo son mujeres en situación de pobreza. Del 43% restante de trabajadores, 7% son empleados públicos, 3% son trabajadores domésticos, 10% son trabajadores familiares no remunerados; y del 23% restante 13% se emplean en la pequeña mediana y gran empresa y 10% del empleo se ubican en la microempresa. Adicionalmente del total de la PEA el 11% son puestos de trabajo formales, que tienen seguridad social, acceso a pensiones y compensaciones por tiempo de servicios (INEI – ENAHO 2019). Por lo expuesto, se deduce que las personas necesitan estar fuera de sus casas para ganarse el sustento diario.

 

En términos de valor agregado, en 2019 se tuvo que 12.2% fue generado por 558 empresas agrícolas, 18.8% por 186 empresas de energía, gas y minería, 9.8% por 2500 empresas de construcción, 9.3% por otras 2,500 empresas de la industria manufacturera, 9.0% por 13,849 empresas comercializadoras y el 40.9% por las 14,340 empresas formales restantes en otros rubros de la actividad productiva (BCRP 2020, SUNAT 2020).

 

El lector podrá deducir que una estrategia de reactivación para el departamento de Cajamarca deberá tener dos aristas muy claras: La primera con un enfoque social para prevenir que la incidencia en la pobreza se incremente y con ello se profundice la informalidad de nuestra precaria economía y la segunda orientada a incentivar la oferta para reactivarla. Yo agregaré un tercer punto como bono: el incremento de la productividad del trabajo a corto y largo plazo.

 

En el eje estratégico social, todas las direcciones regionales deberían complementar la eficiencia del gobierno nacional para asegurar la entra del bono universal familiar a los hogares rurales (actualmente sólo 1 de cada 3 hogares lo ha recibido), ayudar a implementar protocolos de bioseguridad para que no se generen restricciones a la comercialización de productos agrícolas en los mercados, implementar un programa agresivo de pequeños invernaderos para asegurar la alimentación de las familias más vulnerables utilizando materiales locales, lo cual incrementará la productividad de corto plazo de las actividades agrícolas, con posibilidad de incrementar sus ingresos.

 

En el eje estratégico de reactivación se debe facilitar las condiciones para que la logística que requieren las empresas en los rubros de actividad formal reinicien rápidamente en condiciones seguras, implementar una política y planes de acción que incorpore oportunidades locales en el gasto público y la inversión pública (empleo local y proveeduría local), hacer incidencia con los congresistas del departamento para que se modifique la Ley de contrataciones para incluir incentivos a la participación de empresas locales en los procesos de concurso, pero sobre todas las cosas destrabar de manera urgente todos los proyectos paralizados, porque si se continúa con una baja ejecución, no habrá sector productivo que reactivar.

 

El bono final se relaciona con la productividad. En el corto plazo se tiene que incrementar la cantidad de capital por unidad de trabajo y eso sólo se logra atrayendo inversión privada generando condiciones adecuadas para los proyectos mineros de la región, industrializar y tecnificar la manufactura del departamento (derivados lácteos, café, cacao, arroz, frutos andinos y frutos de valle, madera, fibras de animales, entre otros), pero sobre todo la atracción de inversiones en el sector agrícola para activar el potencial de las 13 provincias.

 

Finalmente, el incremento de la productividad a largo plazo tiene una doble arista, mejorar las competencias de la población económicamente activa con un programa regional que sigua el modelo CEFOP y que obligue solidariamente al sector privado con una amplia cadena de proveedores a participar. Esto se debe complementar con la lucha frontal contra la deserción estudiantil, que este año se incrementará por las limitaciones de conectividad de la región y las propias limitaciones de la vulnerabilidad ante la pobreza. La meta es romper el círculo vicioso que ha rondado Cajamarca por más de dos décadas en el cual sólo 1 de cada 10 cajamarquinos tiene educación superior.

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