TORMENTA DE IDEAS

Jorge Zevallos – Quiñones Pita

 

 Reformemos la «Acción de Inconstitucionalidad de las Leyes»

Los fervorosos constituyentes de 1979 incorporaron en nuestro universo litigioso, como garantía constitucional, «la acción de inconstitucionalidad», un mecanismo que permitía impugnar y expulsar total o parcialmente del ordenamiento jurídico, por la forma o por el fondo, a las leyes congresales y a los decretos legislativos emitidos por el poder ejecutivo que iban en contra de los principios y normas imperativas fijadas en la constitución.

Caían también dentro de este saco castigador, los decretos de urgencia, las normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Dada su extraordinaria potencia legal, el reglamento del congreso (y sobre todo sus sorpresivas modificaciones de coyuntura) fue incluido como candidato a la inconstitucionalidad por los constituyentes de 1993. Posteriormente, el activismo del Tribunal Constitucional –órgano de control de la carta magna- ha hecho lo suyo y una serie de requisitos de derecho procesal constitucional y precedentes han ido perfilando a esta excepcional acción legal desde su etapa admisoria.

Solo ocho tipos de demandantes pueden activar esta acción legal: el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, 25% de los congresistas, cinco mil ciudadanos, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y los colegios profesionales.

Mucha agua ha corrido desde 1979 a la fecha y este extraordinario mecanismo de defensa de la sociedad está completamente desnaturalizado. Vemos como cosa cotidiana, por un lado, a un congreso que se zurra en la macro y microeconomía del país, emitiendo leyes que colisionan principios y normas constitucionales y que avasallan, a su vez, políticas de estado, consensos políticos (las hojas de ruta del «Acuerdo Nacional») e incluso, a la misma ley anual de presupuesto vigente, con un claro afán populista cara a las cercanas elecciones. En el otro lado de este singular ring, tenemos al boxeador opositor, el poder ejecutivo, que espera la publicación de la ley con yaya para anularla en el tribunal constitucional.

En todo este lapso de tiempo se vive una agonía colectiva. Los favorecidos con la ley cuestionada buscan su pronta materialización (presión pública, marchas callejeras, toma hostil de carreteras) y los afectados por ella –el estado y a veces, otros estamentos de la sociedad- buscan retardar la promulgación o reglamentación de la norma inferior que permita obtener el beneficio de la ley cuestionada o inician una intensa campaña publicitaria donde asoman los especialistas, explicando los inminentes peligros en las siempre delicadas finanzas estatales hasta terminar en la «acción de inconstitucionalidad» de la ley de marras.

Entonces ¿para que promulgar una ley que nace presuntamente coja y que posiblemente será declarada inconstitucional por un tribunal? Está claro que vivimos feroces luchas de poderes en estos tiempos y donde es casi inexistente la colaboración entre el congreso y el poder ejecutivo para afinar un texto normativo sensible que, incluso, puede que no encuentre sitio en las magras arcas estatales, agudizando la polarización entre «el estado malvado» y la población. Hay que tener en cuenta también. que, en caso se declare judicialmente la inconstitucionalidad de la ley, muchas horas de trabajo, pago de asesores, viajes de representación y otros que generó la dación de la ley anulada, se irán al agua.

Nuestra constitución ha fijado mecanismos para reformarla (acaba de ocurrir hace poco con el artículo 13, donde se ha puesto un porcentaje mínimo para invertir en educación) y en este orden de ideas y por lo expuesto líneas arriba, debería cambiarse el sistema de impugnación de las leyes que conocemos y tomar el modelo francés del «control constitucional a priori», por lo cual, una vez que se ha cocinado un proyecto de ley, antes de su promulgación y a pedido de parte, se envía dicho proyecto a un «Consejo Constitucional» compuesto por personas de probada conducta moral y democrática, quienes emiten un puntual informe, dándole viabilidad o no a la ley, evitándose el absurdo -en tiempo y dinero- de declararla inconstitucional, meses después, cuando tal cosa era cantada desde el inicio. Como lo afirma la sabiduría popular, el mejor litigio—- es el que se evita.

 

 

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