YO TE VACO, YO TAMPOCO

 

 

Nuevamente ahora se ha puesto sobre el tapete político la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento político de vacancia presidencial que, de echarse a andar, sería el cuarto en un solo periodo presidencial. Todo un récord.  Es verdad que esta posibilidad está alentada por los sectores más radicales del actual Congreso corto y mocho y que no parece tener siquiera el mínimo legal para ser debatida, y que, en caso de serlo, de seguro no será aprobada.

En un juego de nadie sabe para quien trabaja, y de que no necesariamente las tesis más radicales son las más eficientes, el tema de la vacancia presidencial puesto en la agenda política -acicateada por las graves denuncias contra el Presidente Vizcarra por cohecho y corrupción cuando Gobernador Regional de Moquegua según delación premiada de cada vez más participantes en el soborno- termina haciéndole un gran favor político al propio Vizcarra desde que saca de la agenda prioritaria los graves hecho denunciados y nuevamente los agentes políticos, mediáticos y la opinión pública vuelve a tratar el manido tema de la vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente como si fuera un simple juego de naipes o uno frívolo de play station.  El solo hecho de este nuevo artículo y su temática da fe de ello.

La vacancia presidencial siempre estuvo presente en nuestra historia constitucional, pero ha sido un instrumento de control político muy pocas veces utilizado en 200 años no tanto por la bondad presidencial, sino por su fortaleza en la representación congresal.  Ya se ha dicho, hasta la saciedad, que esta es una declaración política que se forma y declara políticamente; de manera que cuando se la dispone se forma un acto político por la sola cantidad de votos requeridos (87); y, cuando no se la dispone, no es porque el presidente bajo “impeachment” sea necesariamente inocente, sino porque no se han reunido los votos suficientes para declararla como tal. Punto.

Por eso es muy diferente el análisis del caso de un presidente con significativa representación o bancada en el Congreso, que restará los votos requeridos, le defenderá a capa y espada y no dejará que pase la vacancia (el caso reciente de Trump en EEUU), de un presidente con una magra representación congresal que será evidentemente avasallada por las hordas de la mayoría congresal, hasta llegar al patético caso de un presidente sin ninguna representación congresal (Vizcarra), al margen de tener uno o dos voceros oficiosos (empeñosos defensores) que, sin duda alguna, serán simplemente ninguneados  por la mayoría opositora.

Riva Agüero fue vacado por “alta traición a la patria” en fecha tan lejana como 1823 en los albores de la república independiente.  Casi 100 años después lo fue Billinghurst en 1914 por “perpetua incapacidad moral o física del presidente” en medio de una asonada militar y bajo la fuerza de las bayonetas.  Luego de 86 años lo sería el último presidente verdaderamente vacado “por incapacidad moral permanente”,  AFF, en el 2000, en democracia y libre de cuestionamiento por nadie, luego de su fuga a Brunei y Japón, luego de su intento de renuncia por fax y como consecuencia de la carga política acumulada en casi 10 años de mandato indebidamente extendido, con un periodo autoritario, un Golpe de Estado y el sonoramente fracasado intento de tener  un tercer periodo presidencial, allí donde -como hoy- estaba totalmente prohibida la reelección.

Luego de aquella azarosa historia extendida en 200 años de intento de vida republicana en democracia, de pronto, en un solo periodo presidencial nos enfrentaremos, tal vez, a un cuarto pedido de vacancia.  Lo que solo se hizo en casi en tres veces en siglos de historia constitucional en el Perú, en un solo quinquenio se ha efectuado ya por 3 veces y con posibilidades de una cuarta puesta en escena de la moción de “vacancia presidencial”.

Esperemos realmente que este nuevo intento, constitucionalmente viable pero políticamente nocivo, no se haga realidad.  Estamos en medio de una pandemia atroz no controlada ni con visos de control, con riesgo de una segunda oleada y ad-portas de elecciones presidenciales que el Presidente Vizcarra amenaza en postergar, por una u otra razón, a cada paso.  Y no debe pasar la nueva vacancia no porque la conducta expuesta del presidente no sea reprensible, o ajena al necesario escrutinio público o político, sino precisamente por eso, para permitirlo de manera diáfana, hacer un amplio debate político y mediático -el mejor escrutinio- y dejar que la justicia ordinaria (entrampada con sospechosos conflictos de competencia de a qué fiscal le corresponde la titularidad de la investigación) haga el trabajo legítimo, democrático, constitucional y eficiente para el que se le ha designado ante la creciente expectativa ciudadana.

En el ínterin, el Tribunal Constitucional deberá zanjar en los próximos dos a tres meses el proceso constitucional de Contienda de Competencia promovida por el Poder Ejecutivo con el pretexto de que la primera vacancia “menoscababa las atribuciones” de la Presidencia de la República, confundiendo clamorosamente -como lo hace a menudo la joven Ministra de Justicia- la responsabilidad personal del Presidente Vizcarra con las atribuciones de la Presidencia de la República, lo que no es un juego de palabras, sino un tema determinante que haría inviable esta acción constitucional, como bien lo destaca el fundamento de voto discordante el Magistrado Blume en su oposición a la admisibilidad de la misma, algo que sus demás colegas deberán de volver a revisar, sobre todo de cara a que ese proceso de vacancia ya culminó exonerando la responsabilidad política del Presidente Vizcarra.

Con lo cual, el otro tema que deberá abordar el TC es determinar si se ha producido o no la “sustracción de la materia” que es lo que ocurre cuando el objeto de la pretensión de un proceso ha desaparecido o ha perdido interés jurídico a fin de evitar innecesarias declaraciones y actuaciones de lo que ya no existe por parte de la autoridad jurisdiccional (en este caso, de la jurisdicción constitucional).

Pero de lo que no queda duda es que, en uno u otro caso, el activismo del actual TC no va a desaprovechar la oportunidad para “meterle diente” a la interpretación constitucional de la cláusula prevista en el Inc. 2do. del Art. 113 de la Carta Política que estatuye la legítima posibilidad de vacar al Presidente de la República, por parte del Congreso unicameral, bajo la alegación de haber incurrido en una “incapacidad moral permanente”, si junta al final del proceso político de “impeachment” 87 votos favorables para alcanzar dicha vacancia, estableciendo “una nueva interpretación obligatoria” de esta previsión constitucional, así como de sus requisitos, presupuestos y demás características que hoy tienen tan confundida como turbada a nuestra clase política, entre tirios y troyanos.

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